Legalidad, función pública y prudencia

Fernando Barros

Marzo dejó claro que éste será un año electoral agitado en el que las autoridades y funcionarios están teniendo un rol protagónico, haciéndose visibles con alguna declaración, carta, actuación, filtración o pronunciamiento que exceden el ámbito del actuar en la forma que la ley y tradición democrática establecen. Esto en curiosa coincidencia con estrategias políticas que abusan del derecho a recurrir a la justicia, que desnaturalizan la dignidad de la política y el rol que le corresponde a la administración de justicia.

Después de hacerse públicos varios casos de corrupción en instituciones del Estado, el contralor general de la República ha salido a luchar por, se dice, subir los estándares de transparencia en el ejercicio de la función pública. Sin duda se trata de un fin encomiable que permitirá a nuestro país mejorar sus índices de corrupción y gozar de tener una institucionalidad sólida, apegada a la legalidad y una administración eficiente y eficaz.

Pero la maximización del principio de transparencia y persecución de la corrupción no puede realizarse sacrificando el principio de legalidad. Así, a pretexto de prevenir que autoridades electas puedan privilegiar sus intereses personales por sobre los generales, no se puede pasar por alto el ordenamiento jurídico, el respeto a la legalidad vigente y la separación de los poderes. Si ello ocurre la gran perdedora es precisamente la institucionalidad, la que se ve debilitada con actuaciones al margen de la legalidad y colocándose la autoridad por sobre la ley promulgada democráticamente por los poderes constitucionalmente competentes.

La Contraloría tiene como misión y objetivo legales el lograr que la administración pública y sus funcionarios actúen apegados al marco jurídico que les rige. Y la mejor forma de controlar es hacer cumplir el ordenamiento jurídico, lo que se puede hacer fiscalizando, imponiendo sanciones, denunciando, etc. Pero también una buena forma de hacer cumplir la ley es predicando con el ejemplo, lo que significa que quien debe controlar la aplicación de la ley debe actuar apegado a ella y no puede pasarla por alto, aún a pretexto de la consecución de un fin que la autoridad sometida a esa ley estime de valor superior.

Los últimos días hemos sido testigos de una Contraloría que, en aparentes aras de la transparencia y la probidad en el ejercicio de la función pública, ha perdido el respeto al bloque de legalidad.

A fin de cumplir con la solicitud del poder ejecutivo de interpretar la Ley Nº20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, se prescinde de su tenor literal y se hace desaparecer uno de los pilares del orden público nacional.

El contralor ha emitido su Dictamen 9853 de 21 de marzo, en una actuación incomprensible tanto en su extemporaneidad, pues introduce un cambio radical en la forma de cumplir la ley y las obligaciones de declaración, enajenación de activos y entrega de parte del patrimonio a su administración por terceros, operaciones muy complejas para ser completadas pocos días después. En el fondo también, ya que prescinde de instituciones con expresa consagración legal y, por ende, parte integrante de la legalidad que le obliga en sus actuaciones, como son la personalidad jurídica de las sociedades, los atributos de esa personalidad jurídica y sus órganos de control, pasando por sobre el claro texto de la ley para asumir que una sociedad no tiene patrimonio propio y sus bienes pertenecen a sus socios o accionistas, quienes serían titulares de ellos a través de la sociedad, cualquiera sea su grado de participación en la propiedad o gestión.

Creemos que los mismos objetivos de probidad que busca el ente contralor, que por cierto compartimos, se cumplen de manera más eficaz y eficiente apegándose estrictamente a la legalidad que debe respetar, evitando arrogarse funciones propiamente legislativas que, al menos en nuestra democracia, nunca han estado entregadas a dicha institución.